Los republicanos del Senado publican el texto unificado de la CLARITY Act con una nueva sección sobre ética

Los republicanos del Senado publicaron el miércoles 22 de julio una versión actualizada de la Digital Asset Market Clarity Act. El borrador fusiona en un solo texto las versiones aprobadas por los comités de Banca y Agricultura del Senado e incorpora una nueva sección sobre ética que prohíbe a los cargos federales, incluido el presidente, emitir o patrocinar un activo digital a cambio de una contraprestación.

Ese mismo día, siete senadores demócratas declararon que el texto "se queda corto". Se trata del grupo cuyos votos necesita el proyecto de ley para superar el umbral de 60 votos en el Senado.

Cynthia Lummis, presidenta del subcomité de Activos Digitales del Comité de Banca del Senado, publicó el texto junto con un resumen sección por sección y ocho fichas informativas. El proyecto lleva el número H.R. 3633 de la Cámara de Representantes. The Crypto Times, que revisó el texto fusionado, lo cifra en 616 páginas y 104 secciones.

Qué se mantiene en el texto fusionado

La estructura de mercado de fondo no varía respecto a la versión que el Comité de Banca aprobó en mayo por 15 votos a favor y 9 en contra. Se mantienen la clasificación de los activos digitales y el reparto de competencias de supervisión entre la Securities and Exchange Commission y la Commodity Futures Trading Commission.

La sección 604 sigue conteniendo la Blockchain Regulatory Certainty Act, que protege a los desarrolladores de software no custodio frente a la obligación de registrarse como transmisores de dinero y frente a las obligaciones de la Bank Secrecy Act. También permanece en el texto la Keep Your Coins Act, que preserva el derecho a la autocustodia.

La sección 404 conserva el límite negociado sobre el rendimiento de las stablecoins: las empresas no pueden pagar intereses sobre saldos no utilizados. Siguen permitidas las recompensas por actividades como el staking, siempre que sean claramente distinguibles de los intereses de un depósito bancario.

Las asociaciones sectoriales de la banca afirmaron que el nuevo borrador "sigue poniendo en riesgo el crédito local que impulsa la actividad económica en Estados Unidos", aunque reconocieron la disposición de los senadores a estudiar cambios concretos.

La sección sobre ética

El texto sobre ética se negoció entre la Casa Blanca y los senadores republicanos, principalmente Lummis y Bernie Moreno, y se recoge en una nueva división 30 del proyecto de ley. Según la ficha informativa publicada por Lummis, la sección funciona así.

La sección 30101 crea un nuevo 5 U.S.C. §13152 que prohíbe a cualquier "covered individual", definido como cualquier cargo o empleado público y su cónyuge, emitir o patrocinar un activo digital a cambio de una contraprestación. La definición nombra expresamente al presidente, al vicepresidente, a los miembros del Congreso y a los jueces federales. Lummis declaró a CoinDesk que la cobertura alcanza a los tribunales de distrito, los tribunales de apelación, el Tribunal Supremo y el Court of International Trade.

La aplicación de la norma recae en el Departamento de Justicia. Un nuevo 5 U.S.C. §13153 encarga al fiscal general emprender acciones civiles contra los covered individual que infrinjan la prohibición de forma consciente e intencionada, y contra los intermediarios de activos digitales que listen a sabiendas un token infractor.

Las sanciones figuran en esa misma sección. Un intermediario se expone a una sanción civil de hasta 250.000 dólares por infracción y por día. El covered individual que incumpla la prohibición debe devolver todos los beneficios y pagar una sanción equivalente al 10 por ciento de la contraprestación recibida o 500.000 dólares.

La sección 30102 actualiza la normativa federal de declaración patrimonial: los activos digitales vendidos a cambio de remuneración y con un valor superior a 1.000 dólares deben declararse, lo que cierra una laguna de los requisitos actuales.

Las secciones 30103 y 30104 regulan los plazos. Las disposiciones sobre ética entran en vigor en la primera de estas dos fechas: 360 días después de la promulgación o 60 días después del reglamento de desarrollo definitivo. La Government Accountability Office debe presentar en un plazo de 360 días un informe sobre cómo mantener actualizada la normativa ética federal a medida que evolucionen las reglas sobre activos digitales.

La sección 30105 fija la fecha de finalización. La prohibición deja de tener efecto a partir de las 12 del mediodía del 20 de enero de 2029, coincidiendo con el final del mandato presidencial actual. La ficha informativa presenta este punto como prueba de que se trata de un estándar elegido por el presidente y no impuesto por el Congreso.

Los cargos que ya poseen una participación en un activo digital emitido o patrocinado con anterioridad pueden regularizar su situación mediante desinversión o mediante un blind trust cualificado, conforme a los procedimientos éticos existentes. La ficha añade que nada en la sección limita la normativa vigente sobre conflictos de interés, las competencias antifraude de la Commodity Exchange Act, la normativa del mercado de valores ni la de financiación de campañas.

Por qué los fiscales generales estatales no aparecen en el texto

Lummis declaró a CoinDesk que los negociadores republicanos y los demócratas habían trabajado "durante semanas enteras" antes de llegar a un punto muerto sobre si los fiscales generales de los estados podían emprender acciones penales o privadas contra las partes vinculadas por la sección sobre ética.

"Era una línea roja clara para muchos senadores estadounidenses, que no querían exponerse a ser demandados por el fiscal general de otro estado", dijo Lummis. "También lo era para la Casa Blanca, que ha sido objeto de múltiples demandas y procesos por parte de fiscales generales estatales."

Con el texto actual, los estados sí pueden en cambio demandar a los exchanges que listen activos que infrinjan la disposición.

Activos de clientes, finanzas ilícitas y fuerzas de seguridad

El borrador fusionado amplía las secciones sobre protección del consumidor e insolvencia. Los exchanges, brókeres y dealers de digital commodities deben segregar los activos de los clientes, y las plataformas tienen prohibido tratar los fondos de los clientes como propiedad propia. Los activos digitales de los clientes no deben integrarse en la masa concursal de una empresa insolvente, sino permanecer asignados al cliente, como ocurre con otros bienes en custodia fiduciaria.

En materia de finanzas ilícitas, el texto aborda la Bank Secrecy Act, las protecciones contra el blanqueo de capitales y la aplicación de sanciones a exchanges y finanzas descentralizadas. Lummis explicó que varias incorporaciones se hicieron a petición de las fuerzas de seguridad, entre ellas una disposición sobre el fraude en cajeros automáticos de criptomonedas y un puerto seguro que permite a las plataformas congelar fondos que sospechen vinculados a transacciones sospechosas mientras cooperan con las autoridades.

El borrador añade además financiación, competencias, herramientas de análisis de blockchain y programas de formación para las fuerzas de seguridad, y crearía un Cyber Innovation Center centrado en las ciberamenazas respaldadas por estados y en el uso indebido de activos digitales. Los emisores regulados de stablecoins estarían obligados a ejecutar órdenes judiciales o administrativas legítimas, por ejemplo de congelación o incautación de tokens.

El texto incluye también un "sense of Congress" según el cual al menos dos comisionados de la SEC y otros tantos de la CFTC deberían nombrarse en consulta con el partido minoritario. En la actualidad ninguno de los dos organismos cuenta con comisionados demócratas.

La reacción de los demócratas

Los siete senadores que firmaron la declaración del miércoles son Catherine Cortez Masto de Nevada, Angela Alsobrooks de Maryland, Cory Booker de Nueva Jersey, Ruben Gallego de Arizona, John Hickenlooper de Colorado, Mark Warner de Virginia y Raphael Warnock de Georgia.

"El texto de la CLARITY Act propuesto por los republicanos, tal como está actualmente, se queda corto", escribieron. "Disposiciones fundamentales, entre ellas las relativas a la ética de los cargos electos, la protección del consumidor, las finanzas ilícitas, los conflictos de interés y la integridad del mercado, deben reforzarse. Hemos trabajado de buena fe con nuestros colegas republicanos durante el último año y seguiremos haciéndolo para sacar esto adelante."

Alsobrooks y Gallego fueron los dos únicos demócratas que votaron a favor del proyecto en el Comité de Banca en mayo. Alsobrooks fue explícita sobre el mecanismo de aplicación antes incluso de que se publicara el texto: "¿Este Departamento de Justicia haciendo cumplir una norma de ética? Es una propuesta poco seria, y no apoyaría el proyecto si ese fuera el texto. Pero seguiremos trabajando desde ahí para llegar a un acuerdo que nos haga responsables a todos."

Booker cuestionó también el procedimiento, además del fondo. "El nuevo texto de Clarity es un texto republicano", afirmó. "Solo hay una forma de llegar, y es una vía bipartidista." Los demócratas no participaron en las negociaciones con la Casa Blanca y no habían visto el borrador cuando se cerró.

La senadora Elizabeth Warren, principal demócrata del Comité de Banca, fue más allá y sostuvo que el proyecto "debería estar muerto al llegar", citando la protección del inversor, la seguridad nacional y los vínculos del presidente con el sector de las criptomonedas.

La reacción de los republicanos y del sector

Moreno calificó el texto como "la norma de ética más potente de la historia de Estados Unidos". Un funcionario de la Casa Blanca declaró a CoinDesk el lunes que el presidente Donald Trump había "aceptado la disposición sobre ética más completa y de mayor alcance de la historia".

En su comunicado, Lummis afirmó que las próximas semanas "son probablemente la última oportunidad real que tendremos en años de hacerlo bien", agradeció a sus colegas demócratas sus aportaciones y se comprometió a alcanzar un acuerdo. A CoinDesk le dijo que el texto actualizado probablemente no sea la versión definitiva y que las disposiciones sobre ética y finanzas ilícitas se seguirían discutiendo durante el fin de semana.

Cody Carbone, consejero delegado de la Digital Chamber, calificó el borrador de "paso significativo hacia la votación en el Senado de la Clarity Act que venimos pidiendo". Miller Whitehouse-Levine, del Solana Policy Institute, destacó el tratamiento de los tokens y de la captación de capital mediante tokens, la regulación de los exchanges y la vía prevista para los mercados de valores y futuros tokenizados.

La declaración patrimonial de Trump y el alcance de la sección

La declaración patrimonial de Trump correspondiente a 2025 recoge ingresos vinculados a criptomonedas que CoinDesk situó inicialmente en más de 1.000 millones de dólares y posteriormente en 1.400 millones, cifra que también utilizó The Crypto Times. Entre sus intereses en el sector figuran una empresa que emite una memecoin con el nombre del presidente y un emisor de stablecoins.

Según las reglas de plazos del propio texto, la prohibición solo se aplica a conductas posteriores a la entrada en vigor de las disposiciones sobre ética. La sección 30105 pone fin a la prohibición a las 12 del mediodía del 20 de enero de 2029 y establece que, a partir de ese momento, nadie podrá ser considerado responsable ni sancionado por una infracción de la sección 30101.

El calendario y la aritmética de los votos

La oficina del líder de la mayoría, John Thune, comunicó a CoinDesk que pretende llevar el texto al pleno en los próximos días. El Senado abandona Washington el 7 de agosto por el receso de verano, y esa fecha se ha considerado de forma generalizada la última ventana realista para el proyecto este año, dado que el calendario posterior al receso se llena de política de cara a las elecciones de mitad de mandato.

El proyecto necesita 60 votos para aprobar la cloture. El número de votos demócratas necesarios está en discusión. Las informaciones periodísticas sitúan los escaños republicanos en 52 o 53 tras la muerte del senador Lindsey Graham, lo que eleva la necesidad a siete u ocho votos demócratas si todos los republicanos votan a favor. CoinDesk cifró la cantidad en al menos 10, y otras estimaciones llegan a la misma cifra al contar con los senadores Josh Hawley y Rand Paul, ambos contrarios a la GENIUS Act, y con la ausencia del senador Mitch McConnell. Lummis señaló que parte del Senado estará ausente la próxima semana por el funeral de Graham.

Con cualquiera de esos recuentos, los siete senadores que firmaron la declaración del miércoles no son un grupo que se pueda rodear.

La reacción de los mercados

En el mercado de predicciones Polymarket, la probabilidad implícita de que la Clarity Act se convierta en ley en 2026 cayó del 46 al 38 por ciento tras la declaración de los demócratas, según informó CoinDesk en las primeras horas del 23 de julio. En ese momento el bitcoin cotizaba en torno a 65.500 dólares, presionado por la subida del precio del petróleo y de los rendimientos de la deuda pública, además de por las noticias regulatorias.